VENEZUELA EN RUINAS: PATRIA O MUERTE!!!
Alexander Guerrero E(*)

La “crisis eléctrica” es solo una muestra del grado de descapitalización y deterioro de la infraestructura industrial alcanzado por Venezuela en 10 años de revolución. Las razones de esa “súbita” aparición, son demasiado terrestres y mortales, corrupción, ineficiencia, estatismo, y mucho de la agenda “revolucionaria” para el control político del ciudadano, el racionamiento eléctrico de hoy ha transformado esa “crisis” en un mecanismo de represión de control social y político de la gente. Muchas cosas deben ser explicadas por el gobierno, y particularmente por el Presidente de la Republica, la responsabilidad es de suyo propia.

1. La crisis eléctrica y un modelo de descapitalización por propósito político

Veamos algunos detalles. En la revisión de los presupuestos y planes de las empresas del Estado uno se consigue con que siempre se contemplaron los recursos y las razones para ejecutar las inversiones en el sector eléctrico. Los planes de inversión del sector eléctrico estatal hidro y termoeléctrico existen desde hace más de diez anos, y los planificadores de la revolución los consideraron en su oportunidad y así se lo hicieron saber al Presidente, quien sin embargo tenía otras ideas de cómo “administrar” los fondos planificados para ese sector: un casino financiero.
El depositario de esos fondos era FONDEN, además de los fondos fiscales contemplados en el Presupuesto, pero el Presidente y sus ministros estrellas estaban entretenidos en la colocación de esos fondos en letras estructuradas, bonos argentinos, ecuatorianos, pagares cubanos, etc., todo un casino financiero en la Caracas “capital de las finanzas continentales” que era el cuento chino de los ministros del ramo. El juego financiero en ese casino amarro en bonos los fondos que estaban dirigidos a esas obras eléctricas. Las inversiones no se hicieron, y el sector se descapitalizo. Esa irresponsable desinversión –contando con los recursos- debería ser atendida el día del juicio, ellos deberán presentar sus responsabilidades al país.
Pero las cosas no terminan allí, paralelo a la descapitalización de las empresas públicas, -el gobierno tuvo y tiene otros intereses políticos en que gastar esos recursos fiscales-, el gobierno mantenía y mantiene una agenda de descapitalización de la empresa privada a través de los controles de precios, de cambio y otras restricciones a los derechos de propiedad, así como un número considerable de leyes sectoriales que demolieron la capacidad de inversión del sector privado. Aunque sus propósitos eran visibles, muchos no lograron comprender los objetivos de la revolución: acabar con el sector privado.

2. Pobreza por encargo: destrucción de la empresa privada y del capital humano

Así, cuando uno exponía y explicaba esa agenda de destrucción, empresarios y parte importante del país político les costaba creerlo, hoy los hechos son demoledores, ya el país está convencido que la descapitalización es una macro política pública corrida por esa agenda estaba dirigida, a todo costo, a empobrecer al sector privado, conociéndose que con ello también se descapitalizaría al capital humano; es decir, se empobrecería al trabajador calificado.
En general, el proceso de descapitalización impuesto por la revolución se constituyo como premisa para el control político, alcanza casi todo el sector industrial privado, y se extendió por generalidad a las empresas el sector público, en Guayana el colapso fue total, corrupción e ineficiencia acabaron con las empresas de Guayana. En el sector privado, una buena parte – un 50%- del sector agroindustrial y agropecuario, así como subsectores del sector servicio, en virtud de la informalidad estimulada y creada con participación estatal en la cadena de distribución de alimentos. Una caída sostenida de la inversión privada neta en estos últimos ocho años –cerca del 45% - muestra el ritmo de empobrecimiento, y explica la enorme presión en CADIVI en demanda por dólares mas baratos, incluidas las respectivas mordidas.
La abundancia de reservas internacionales entre el 2004 y el 2007, estimuló la sustitución de producción nacional por producción importada, pero no es una consecuencia no intencionada, ha sido parte de la agenda política de destrucción del capital privado. Todo ello hizo posible ese proceso de empobrecimiento, cuyos síntomas aparecieron con fuerza hacia finales del 2008 cuando cayeron los precios del petróleo, periodo en el cual se le vieron las verrugas al socialismo bolivariano.
Este proceso de empobrecimiento ha tenido graves consideraciones políticas de parte del Presidente, dado que ese empobrecimiento global acelero la resistencia política y social de la gente; el Presidente corre hacia adelante actuando al margen de la constitución y ha decidido expropiar empresas sin pudor ni reglas buscando disminuir el peso social y político negativo que la revolución ya ha provocando en la gente.
Llegar al fondo de la agenda revolucionaria no ha sido una materia fácil para la inteligentzia nacional, en realidad muchos operadores políticos y los mismos capitanes de empresa no le dieron mayor seriedad al planteamiento subyacente –desde el mismo cambio de la constitución- de replicar el modelo de comunismo cubano. Sin embargo, el tramojo comenzó a notarse en los dos últimos anos y que el Presidente y sus acólitos nos venían con el récipe del comunismo cubano, la carrera contra el tiempo es acelerada, al Presidente pareciera agotársele el tiempo dado que la gente ya se percato que lo que está en movimiento es un régimen comunista “normal” un sovietismo tropicalizado del tipo cubano.

3. Cuáles han sido las causas de ese proceso de descapitalización?.

No hay que hacer grandes esfuerzos, desde que arranco el proceso constituyente, pudimos comprender que el comunismo –tipo cubano o soviético- era el sueño del Presidente. En esos días comenzamos a discutir y escribir sobre la amenaza al proceso de acumulación de capital que venía entaparado en el cambio constitucional en virtud del debilitamiento que traía la letra de las garantías, particularmente de los derechos de propiedad privada.
La inversión del sector privado pudo sobrevivir en estos últimos 40 anos todas las vicisitudes económicas y políticas de la crisis de la deuda en los ochenta, de la caída en los precios del petróleo, y hasta de las malas políticas económicas de esos 40 anos, la economía venezolana reaccionaba generalmente con una fuerza inusitada ante esas adversidades.
Las cosas cambiaron drásticamente con la nueva constitución y el nuevo tejido legal que traía el socialismo bolivariano, aunque para todos los efectos, cualquier tipo de socialismo. La desinversión y descapitalización fue agenda legislativa, política y está presente en cada política pública puesta en ejercicio por el régimen.
No era difícil proyectar en esos años que las intensas reformas constitucionales estaban dirigidas a cambiar el régimen socioeconómico basado en la propiedad privada y el mercado, a la prominencia del Estado como propietario de las tierras, los bosques, las minas, el espacio –electromagnético- el petróleo, como introducción, para después pasar a los llamados sectores “básicos” e la economía, electricidad (hoy en ruinas porque así lo dispuso la agenda de la revolución), cementos, petroquímica, química, los cuales serian igualmente arruinados por objetivo, allí esta SIDOR, y las empresas de la Corporación de Guayana, y desde luego PDVSA y sus filiales en manos del Estado. La descapitalización es total, los reales del petróleo y los impuestos han sido gastados ineficientemente, repartido a propios y extraños, en la compra de favores políticos, dentro y fuera del país; el precio es la ruina y en ese proceso vamos al paso de vencedores y hacia la muerte con el socialismo.

4. La destrucción de la propiedad privada: base del proceso de descapitalización y ruina.

La nueva constitución traía claramente los mecanismos jurídicos mediante los cuales se establecería el régimen de destrucción de los derechos de propiedad, la misa sala constitucional del TSJ, una especie de corte celestial, dirimiría en algunas de sus “jurisprudencias” el régimen de estado social de derechos social que sustituiría el régimen de estabilidad jurídica basado en la propiedad privada y en la proyección de los derechos de propiedad.
Allí se generó la famosa sentencia sobre los créditos indexados donde la Corte Constitucional cambia en jurisprudencia el estado de derecho que reposa en la propiedad privada y sus derechos, para darle a Estado la fuerza jurídica para intervenir en cualquier actividad económica, la cual sería en adelante susceptible de ser declarada de utilidad social o publica. No hace falta ir al articulado en especifico, el mismo preámbulo, dotaba al gobierno de esas herramientas para ir al despojo de la propiedad privada, con pago o sin el de las compensaciones que la misma constitución pondría como puto final de todo proceso de expropiación.
Solo empresas extranjeras han logrado compensación, o pago por los activos nacionalizados o estatificados, después de todo, sus países de origen tienen mecanismo legales y de presión manera para defender los derechos de propiedad de sus nacionales que actúan como inversionistas extranjeros. Sin embargo, aun, muchos juicios corren en tribunales internacionales por incumplimiento de los contratos por parte del gobierno revolucionario.
En particular y general, el proceso constituyente, tomo por sorpresa a una buena porción de la inteligentzia venezolana que durante ese proceso se refería a los derechos de propiedad como si fuese un tema esotérico, de hecho los venezolanos demostraron una cultura durante ese periodo constituyente una mediocre cultura en relación a sus derechos.
Algo similar ocurrió durante el posterior proceso legislativo de generación de leyes sectoriales en lo económico y lo social. Las elites económicas, culturales, universitarias, así como el amplio espectro de la clase política, -vieja y nueva-, desecharon o tomaron con escasa importancia como se iba desmontando el régimen formal e informal que –aunque mediocremente- justificaba y defendía los derechos de propiedad y el rol fundamental que estos juegan en el crecimiento económico de un país. La clase política de esos años prerrevolucionarios tampoco tenía muy claro que la protección de los derechos de propiedad era fundamental para el crecimiento económico. Recordamos que apenas se aprobó la Constitución en 1960 la coalición de AD, COPEI y URD, suspendió las garantías económicas (suerte de protección de los derechos de propiedad) las cuales estuvieron suspendidas durante 37 años.
La importancia de los derechos de propiedad y el régimen de protección que deben poseer, consiste en que ellos generan y representan un marco jurídico –de derechos- estable, que permita el proceso de inversión de capital, es decir, la capitalización de la actividad económica, el lucro, porque de la ganancia y el lucro salen los reales para la inversión. No hay crecimiento económico sustentable sin respeto a los derechos de propiedad, véase la historia del siglo XX y encontraran miles de ejemplos. La ruina de Europa ex socialista, del socialismo asiático, incluido el llamado socialismo ghandiano, y desde luego el tropical cubano, a todos ellos es común denominador la pobreza acumulada, la ruina.

5. Al precio de una ruina: base del régimen de control social y político

En Venezuela la ruina es un fenómeno ya visible y emerge acompañada de la sinverguensura de una clase política gobernante inepta, escasamente instruida, técnicamente cruenta, corrupta, ineficiente como burócrata, durante muchos de esos once años que llevan gobernando aplicando un particular sistema de apartheid político, ocupando todos los espacios gerenciales del estado, para depredarlo medrarlo, de acuerdo a lo que hoy muestra ese Estado, fue cubierta por el ingreso petrolero.
El control de cambio otorgó las divisas baratas para que la economía privada productiva se arruinara y fuese substituida por una especie de gran mercado persa que todo lo importaba, para cubrir las necesidades que había que satisfacer por la descapitalización del sector privado nacional, así el PIB del sector servicios sustituyo PIB de la producción industrial y agropecuaria. El Estado se convirtió en el principal importador de materias primas y productos terminados agroindustriales para el mercado sustituyendo al empresario privado. Para ellos se utilizaron las relaciones económicas derivadas de la riqueza fiscal petrolera que sirvió para comprar complicidades políticas e importar de todo para poder arruinar al empresario venezolano. De esta manera, por ejemplo, el sector automotriz prácticamente desaparece, los vehículos que hace más de diez años se ensamblaban y producían en Venezuela en un 90% ahora se importan, y salen rodando de los barcos en los puertos. Los agricultores de carne y lácteos ven sus rebaños morir –descapitalizarse- por la importación de cárnicos y lácteos del Estado venezolano de aquellos países políticamente amigos. Lo mismo los productores de zapatos, de alimentos en general, brasileños, argentinos uruguayos, etc. venden su vitualla acá sin controles básicos, sanitarios, para comenzar. Así se ha descapitalizado cerca del 15% del PIB (agricultura y agroindustria).
La descapitalización además del debilitamiento del marco jurídico y demolición de los derechos de propiedad, conto con un régimen cambiario con tasa de cambio sobrevaluada, así se acabo con el productor nacional. El control de cambio, un control políticos (Chávez dixit) manipulo la entrega de divisas según el horizonte políticos del solicitante de divisas.
Otras políticas públicas coadyuvaron la descapitalización del sector industrial y agroindustrial venezolano, el control de precios, lo cual impedía la acumulación del capital (inversión neta) hasta lograr su ruina y empobrecimiento.
Leyes restrictivas le quitan al capital privado de los venezolanos la posibilidad de levantar inversiones en los sectores de mayor productividad de la economía, minería, petróleo.
La contabilidad de los mecanismos para descapitalizar la economía privada no termina en leyes, decretos, o garantías constitucionales, sino que también ha contenido una buena dosis de violencia política y social, a un Estado y gobierno gobernando en muchas ocasiones al margen de la ley que ellos organizan a solicitud del Presidente, y a aprobar entre gallos y media noche.

*Economista, PHD (Londres)